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19 de mayo del 2021

Política

Torpeza y desesperación en facción reeleccionista

Al presidente Danilo Medina siempre le recuerdan sus declaraciones relativas a la ingesta del escualo en descomposición, debido a la experiencia vivida en su modificación constitucional del 13 de junio de 2015 y los aprestos para otra modificación con miras a las elecciones de 2020. Ya que explicaba que, cuando un presidente en ejercicio se […]




Al presidente Danilo Medina siempre le recuerdan sus declaraciones relativas a la ingesta del escualo en descomposición, debido a la experiencia vivida en su modificación constitucional del 13 de junio de 2015 y los aprestos para otra modificación con miras a las elecciones de 2020.
Ya que explicaba que, cuando un presidente en ejercicio se reelige “tiene que tirar al zafacón todos los escrúpulos a los fines de ganar”. Y para apuntalar su discurso el candidato señalaba que sería “un presidente ético y moral”. Lo cual evidencia, un contraste entre la prosa del aspirante presidencial y el accionar del presidente en ejercicio.
Sin embargo, llama la atención lo tortuoso del proceso actual que, con un rechazo de más del 70%, ha tenido que apelar, aparte de la lubricación monetaria denunciada por legisladores, a la represión y a la militarización de las inmediaciones del Congreso Nacional.
Realidad diferente
Una realidad cardinalmente diferente a la vivida en 2015. En aquella ocasión el pragmatismo se impuso en el Comité Político del PLD, en la voluntad de los “firmes legisladores”, debido a lo desproporcionado del enfrentamiento, con un gobierno disponiendo de todos los recursos del Estado y aprovechando que la población no rechazaba la introducción del esquema norteamericano.
Por lo que, eliminada la resistencia que encarnaba el presidente Leonel Fernández, mediante la firma del Acuerdo por la Unidad, el proceso fue fluido.
Y es que las condiciones objetivas y subjetivas para lograr una exitosa segunda modificación constitucional se encuentran en contra de las ambiciones de la camarilla gubernamental. Ya que, en esta segunda gestión, los escándalos han ido haciendo mella en el prestigio de la Administración, y encontrado el eco mediático que escaseaba durante los primeros cuatro años; por igual, la economía ha empezado a experimentar un proceso de ralentización, con una caída de la actividad comercial del primer semestre del 2019 de un 66%, debido al limbo causado por la mudez presidencial respecto a la reelección. Mientras que, la oposición a la modificación constitucional, encabezada por el presidente Fernández se ha ido fortaleciendo y concitado el apoyo de los sectores más representativos de la nación. Así, el número de legisladores leonelistas opuestos la reforma de la Constitución ha ido creciendo sostenidamente, acumulando a la fecha 42 congresistas.
Los más beligerantes
Resaltando de manera especial, queja que ha sido externada públicamente por comunicadores televisivos abiertamente reeleccionistas, la carencia de voceros calificados y de prestigio del equipo reeleccionista que puedan presentarlos con solvencia y credibilidad. A lo cual se adiciona el hecho de que, los más beligerantes en el propósito reeleccionista son allegados y recientes adquisiciones del equipo gobernante. Entre los que sobresalen Lila Alburquerque, Víctor Gómez Casanova, Marino Collante, Modesto Guzmán y José Hazim, entre otros. Contra quienes compiten, con extravagantes declaraciones, diputados como el de Villa Altagracia, Manuel Díaz, al recordarle al país que “el poder era para usarlo” y que ellos sabían cómo comprar las voluntades congresionales. Lo cual ha generado un repudio generalizado en una ciudadanía que no acaba de salir del asombro.
Torpeza
Ante este estado de situación, ha asombrado a analistas políticos la torpeza exhibida por el gobierno al prohibir las manifestaciones anti reeleccionistas de un grupo de jóvenes que, con la autorización de las autoridades correspondientes, pretendían instalar unas carpas y tarimas frente al Congreso. En un momento en que República Dominicana se encontraba en el “spotlight” de la prensa internacional, debido al caso de David Ortiz y las muertes de turistas americanos, el propio gobierno presentó a la comunidad internacional una imagen parecida a las que provienen de Venezuela y Nicaragua. Con una paranoia excesiva, o quizás con la intención subyacente de intimidar la coalición anti reeleccionista, el gobierno le causó un daño innecesario a la imagen pacífica y democrática de la nación. Vano esfuerzo que, al día siguiente, culminó con un jolgorio festivo de cánticos anti reeleccionistas de miles de ciudadanos capitaleños que desfilaban frente a las tropas desplegadas en el Centro de los Héroes, que no entendían qué buscaban ahí.
Este bochornoso y desproporcionado uso de fuerza provocó el rechazo de toda la población y generó que los legisladores del PLD opuestos a la modificación constitucional, así como los del PRM se retiraran del hemiciclo, exigiendo la desmilitarización del Congreso. Sin embargo, en una obcecación incomprensible, el gobierno mantiene un innecesario cerco policiaco-militar que ha radicalizado las posiciones de los que exigen respeto por la Constitución. Debido a esto, las actividades legislativas se encuentran en un limbo.
Lo de Catalina
Y como al dedo malo todo se le pega, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de la comunicadora Alicia Ortega, saca a relucir que la Planta de Punta Catalina, joya de la corona de esta Administración, incorporada originalmente en el expediente de la Procuraduría (Pág. 14) y extraída sorpresivamente al día siguiente, recibió US$39.6 millones de parte de Odebrecht a través de 62 pagos en cuentas “offshores”de personajes que no han sido considerados en el desacreditado proceso judicial.
Granada fragmentaria que se llevó de encuentro al subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra y mantiene en capilla ardiente al economista Andy Dauhajre, asesor de CDEEE. Quienes admiten haber recibido los pagos por servicios prestadosa Odebrecht, en un evidente conflicto de interés. Las ondas expansivas de estos 118 pagos por US$55.8 millones van desde la Autopista del Coral hasta Las Autovías de Santiago y la Carretera Cibao-Sur.
Luego, consideran los entendidos que el gobierno está conminado a dar una explicación convincente y tratar de revestir de credibilidad este proceso con un expediente complementario, en lugar de estar jugando el albur de una reelección que no aguanta la publicación de otro estudio de opinión.

Por:

Francisco Antonio Méndez (Especial para El Nacional)

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