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14 de abril del 2021

Opinión

Una ley sin consenso

Javier Cabreja. La reciente decisión del Comité Político del PLD de permitir la libertad de sus legisladores en la votación del anteproyecto de ley de partidos políticos, fue ampliamente aplaudida. Se habla de que esto facilitaría la aprobación de una ley imprescindible para la modernización del sistema político. Sin embargo, lejos de esto, muy probablemente […]




La reciente decisión del Comité Político del PLD de permitir la libertad de sus legisladores en la votación del anteproyecto de ley de partidos políticos, fue ampliamente aplaudida. Se habla de que esto facilitaría la aprobación de una ley imprescindible para la modernización del sistema político. Sin embargo, lejos de esto, muy probablemente se haga más difícil la posibilidad de establecer consenso para la aprobación de una buena ley de partidos políticos. Si el partido oficial no fue capaz de ponerse de acuerdo en su interior, mucho menos lo hará con otras organizaciones políticas representadas en el Congreso Nacional. Sin consensos mínimos es prácticamente imposible la aprobación de la ley de partidos. Esta es una ley orgánica, que para su aprobación requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras. Ninguno de los partidos políticos cuenta con esa mayoría, al menos en la Cámara de Diputados. Construirla se torna complicado, teniendo en cuenta que las diferencias entre los líderes políticos no se limita al tema de las primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. Las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, es apenas uno del conjunto de temas en que los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Están pendientes aspectos esenciales sobre los cuales no hay consenso. El primero de ello tiene que ver con la relación dinero y política en la democracia electoral dominicana. Los partidos no quieren realizar cambios al estado de cosa en este tema. Predominan diferencias importantes respecto al límite del gasto en la campaña, los topes al financiamiento privado, el acceso a los medios de comunicación y la rendición de cuentas sobre las fuentes privadas que aportan a las campañas políticas. Otro tema relevante en el que existe disenso, es el de la participación de las mujeres en la política. Lograr una legislación que garantice la paridad de género en los partidos y las instancias de poder, ha encontrado muchos obstáculos. Es en medio de este complejo escenario que el PLD, sin fijar una posición interna, toma la decisión de llevar la discusión de la ley de partidos al Congreso. No hay perspectiva alguna de abrir un canal de diálogo entre los partidos que conduzca a un pacto. Por lo tanto, el camino para que en la próxima legislatura se apruebe esta norma, se torna incierto. Desde ya la JCE debería ir preparando la reglamentación necesaria para las próximas elecciones 2020, pues todo parece indicar que se asistirá, una vez más, a un proceso electoral sin un nuevo marco jurídico que lo regule.

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