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09 de mayo del 2021

Política

Una petición insólita

Por Luis Scheker Ortiz. Siendo presidente de la República Leonel Fernández Reyna, convencido de que en la Constitución del 1994 “quedaron algunas lagunas y algunas disfunciones, además del hecho de poder fortalecer los derechos fundamentales y la garantía de esos derechos” requería como prioridad nacional una nueva reforma constitucional designando mediante decreto No. 323-2006, una […]




Por Luis Scheker Ortiz. Siendo presidente de la República Leonel Fernández Reyna, convencido de que en la Constitución del 1994 “quedaron algunas lagunas y algunas disfunciones, además del hecho de poder fortalecer los derechos fundamentales y la garantía de esos derechos” requería como prioridad nacional una nueva reforma constitucional designando mediante decreto No. 323-2006, una portentosa Comisión integrada por juristas de gran renombre que tendría por misión “preparar, mediante las consultas populares que fueran necesarias, un documento que recoja las propuestas que hayan sido identificadas en torno a los aspectos a ser modificados, así como las recomendaciones de modificaciones que hayan alcanzado el mayor nivel de consenso” (Art. 3). Pero resultó que las consultas populares de mayor nivel de consenso no fueron las de su agrado. Estas favorecían que la reforma deseada se hiciese mediante un plebiscito, siendo rechazada de tajo por el presidente Fernández cuya intención era conformar una Constitución hecha a su medida que garantizara que su partido, ya en el poder, tuviera el control absoluto de los poderes públicos e instituciones del Estado para gobernar hasta el segundo centenario de la República. Ante ese rechazo desconocedor de la voluntad expresada del pueblo soberano, solo uno de los miembros de la nutrida Comisión, que yo recuerde, Luis Gómez Pérez, tuvo el valor y la integridad de renunciar a su cargo. La nueva Constitución contenía 155 artículos más que la Constitución reformada, violando flagrantemente los Arts. 117 y 120 de la misma, motivo por el cual una vez sometida por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional para su aprobación fue impugnada por los doctores Luis Gómez Pérez, Ramón-Negro- Veras y Luis Scheker Ortiz mediante un recurso de inconstitucionalidad depositado en la Suprema Corte de Justicia que decidió no conocerlo, hasta que fuera proclamada por la Asamblea Nacional, 26 de enero 2010, para entonces declararla, meses después, “carente de objetivo.” El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presidido por su presidente provisional, reunido en una intensa sesión de trabajo con la presencia de 32 de sus 35 miembros integrantes, denunció una supuesta campaña de descréditos del actual gobierno a sus exfuncionarios sin fundamentos la cual busca dañar la reputación de los exservidores del Estado” y pide al presidente de la República, Luis Abinader, que intervenga para hacer cesar esa campaña de denuncias irresponsable que le hace daño. ¿A quién? El servidor probo, honesto, no debe darse por aludido. Si se sienta zaherido tiene el derecho de acudir a los tribunales de justicia para salvar su honra, lo que ha garantizado el presidente Abinader y su gobierno, dejando que sea la Justicia la que actúe con plena libertad e independencia, la que conozca y ventile los expedientes de todos aquellos, sin excepción alguna, que considere haber cometido actos ilícitos, caiga quien caiga. De otra parte, la Constitución, en sus Arts. 49 y 64. 2 consagra la libertad de expresión. Fue el pueblo dominicano que libremente ejerció su derecho en las urnas se expresó con su voto a favor del cambio hastiado de un régimen en el que prevaleció la depredación, la corrupción y la impunidad durante 20 años de su gobierno.

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