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12 de abril del 2021

Política

Vicios de las últimas designaciones de Danilo

ÁNGEL LOCKWARD La gente piensa con razón que este lunes con la juramentación del nuevo Go­bierno, se inició el cambio; entienden que habrá medi­das para mejorar el mane­jo del Covid 19 y reactivar la economía, en particular, turismo y construcción por ser las áreas que promue­ven más rápidamente la in­versión y el empleo. Hay sin […]




ÁNGEL LOCKWARD
La gente piensa con razón que este lunes con la juramentación del nuevo Go­bierno, se inició el cambio; entienden que habrá medi­das para mejorar el mane­jo del Covid 19 y reactivar la economía, en particular, turismo y construcción por ser las áreas que promue­ven más rápidamente la in­versión y el empleo. Hay sin embargo algu­nas cuestiones inmediatas, urgentes y conflictivas que independiente de las deci­siones seguirán cursos ju­diciales, por ejemplo, la de­nuncia de la incorporación a la carrera diplomática de 57 funcionarios en la Can­cillería: Nadie duda que al­gunos lo merecen… y que es legal, pero el paquete es muy difícil de defender en una entidad en que el 80% de los funcionarios desig­nados en el exterior cobra­ban –millones de dólares cada mes- sin asistir nun­ca a la sede, sin que jamás ni siquiera se acreditaran en los países en donde es­taban designados, cuando no era que iban al país to­maban posesión y nunca volvían: En resumen, tiene una dudosa legitimidad. Ante la denuncia del Canciller Álvarez, el Minis­tro de Administración Pú­blica twiteó solicitando el envío de una carta para re­visar la resolución: La Can­cillería debe continuidad y fue ese Ministerio que so­licitó la incorporación, lo que procede es que el MAP, aplicando disposición de lesividad establecida en la Ley 103-07, revise la reso­lución cuestionada en fun­ción de los cuatro motivos que establece la doctrina. En todo caso, el tema irá a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ahora bien, en derecho y lógica diplomática lo que procede es “llamar a todos los embajadores”, perso­nal diplomático y consular que no va a ser ratificado, a consulta – ahora mismo - dejando exclusivamente un Ministro a cargo, pues con esa medida, el Estado se ahorra de inmediato unos USD$ 55 millones anuali­zados – en alquileres, gas­tos de representación y ex­cedentes de la dotación-, mientras rápidamente, se­lecciona quien se queda. En cuanto a los embajadores, a quien corresponda, sim­plemente se les deja acá en disponibilidad enseñan­do en la escuela diplomá­tica con el sueldo en pesos que corresponde al cargo y de inmediato, para los nue­vos, se solicita el placet. Otro problema que em­pieza hoy es en el Ministerio de Educación pues Navarro se las arregló, al margen de la Ley, para designar a todos los directores, con el objeto de que la nueva autoridad, reine pero no gobierne: Este asunto, pasando por el MAP, posiblemente también irá al TSA. Según el PLD Pacheco tampoco puede designar a nadie en la Cámara de Di­putados pues “todos son de carrera”… a la carrera y, despedir, en esta institu­ción como en las demás, tiene un altísimo costo fi­nanciero que, en muchos casos, la entidad no está en condiciones de cubrir: Ima­ginen el caso de los ayun­tamientos que operan con una liquidez pobre y, de igual forma, las empresas o instituciones que serán su­primidas o refundidas. No hay dudas que uno de los casos que suscita­ra mayor atención pública, en este aspecto, es el Minis­terio Público puesto que la Procuradora General, lue­go de las dos remociones del PLD realizadas primero por Radhames Jiménez y luego por Jean Rodríguez, es casi totalmente de factu­ra morada: Ejecutar la polí­tica criminal, en particular el sensitivo tema de la co­rrupción, con una justicia controlada políticamente – en la cúspide – y los titu­lares del Ministerio Público en cada provincia, abande­rados políticamente, es im­posible. Desmontar eso es la primera tarea y, eso tam­bién pasará por el MAP y llegará al Tribunal Superior Administrativo, en donde el Presidente Abinader tu­vo el acierto de designar a un nuevo incumbente con­forme le faculta la Consti­tución. En fin que si bien los ac­tos dictados por la Admi­nistración de Medina, en sus últimos momentos, son legales y como tales ejecu­torios eso no quiere decir que no puedan ser ataca­dos por ante lo Contencio­so Administrativo si, a) son lesivos, b) violaron alguna norma o carecen de moti­vación adecuada y, por ex­periencia debo indicar, que la mayoría de los actos del Gobierno son contrarios al ordenamiento jurídico o sufren vicios.

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